Santo Domingo.- Los centros de Desarrollo Sostenible (CEDESO) y para la Observación Migratoria y Desarrollo Social en el Caribe (OBMICA) demandaron al presidente Luis Abinader tomar las medidas pertinentes para evitar que en su gobierno se continúen violentando los derechos fundamentales de la personas y se instaure un régimen de violencia generalizada en contra de la persona migrantes, especialmente de haitianos/as.
Las organizaciones que trabajan en la promoción de derechos humanos de personas migrantes, condenaron las violaciones al debido proceso en materia de deportaciones en operativos que han tenido lugar en Ciudad Juan Bosch y diferentes puntos del país en las últimas semanas, lo que ha conllevado la persecución y apresamiento de cientos de personas migrantes en zonas residenciales y lugares de trabajo.
En un comunicado de prensa en el que fijan su posicionamiento sobre el incremento de incidentes migratorios, las organizaciones exigen al Ministerio Público y al Defensor del Pueblo abrir una investigación sobre los acontecimiento de Ciudad Juan Bosch y otros puntos en los que se violan los derechos humanos de los migrantes y el debido proceso que materia migratoria, detenciones y repatriación que contemplan las normas nacionales e internacionales para la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes.
Para las organizaciones, las detenciones masivas que realiza la Dirección General de Migración (DGM), con un desproporcionado despliegue de efectivos policiales y militares, lejos de contribuir al orden o reducción de flujos migratorio, incrementan el desborde del sistema, mientras exponen a las personas y comunidades a vivir situaciones de violencia, como los incidentes ocurridos en Ciudad Juan Bosch un residencial intervenido por las autoridades en busca de migrantes con alegado estatus irregular.
Afirman que la DGM y los cuerpos de seguridad que le sirven de apoyo han incurrido en acciones violatorias de la ley al detener personas debidamente documentadas e irrumpir en viviendas y espacio laborales sin una orden expedida por un juez, como ha podido constatarse a través de videos compartidos por ciudadanos. De igual manera, señalan las implicaciones de carácter discriminatorio del arresto de personas negras a quienes se les presume extranjería y estatus migratorio irregular por sus características físicas.
De acuerdo a reportes de los veedores comunitarios del Proyecto Trato Digno que implementan OBMICA Y CEDESO en la Región Enriquillo y zona fronteriza, en operativos arbitrarios es común el uso de violencia física, el despojo de mercancía e instrumentos de trabajo lo que explica la respuesta airada que pueden por parte de las comunidades. Las mujeres resultan ser particularmente perjudicadas en estos incidentes que afectan su integridad física.
Trato Digno promueve el respeto a los derechos de las personas migrantes y sus descendientes en el país, trabaja en el monitoreo, formación de actores clave y acompañamiento para el cumplimiento del debido Proceso en materia de deportaciones, con enfoque en la Región Enriquillo y Zona Fronteriza.
Para más información sobre Trato Digno consultar la página Web http://tratodigno.obmica.org/.
