La búsqueda de apoyo de gran parte del sector empresarial dominicano para mantener ciertos privilegios, como las exenciones fiscales, se ha convertido en una forma de dependencia política que atenta contra la competitividad del país.
Así lo advierte el estudio “Rentas o reformas. La economía política del desarrollo en República Dominicana” realizado por el Banco Mundial en el que se analizó la situación institucional y de gobernabilidad.
Según el análisis, gran parte del sector empresarial dominicano está desorganizado y emprende actividades de cabildeo individualmente en lugar de hacerlo como un grupo de interés empresarial organizado.
“Una parte importante del sector empresarial en República Dominicana procura mantener el status quo, pero en muchos casos esto se hace insostenible en el terreno creado por un mercado globalizado y abierto, como se ha demostrado en el caso de la reforma de las telecomunicaciones”, señala.
Agrega que los empresarios dominicanos prefieren confiar en las relaciones personales y que dentro de las asociaciones empresariales, la toma de decisiones está concentrada en unas pocas manos influyentes cuyos intereses no necesariamente están alineados con aquellos del sector que representan.
“Las negociaciones con el Gobierno se ven socavadas entonces por el enfoque particular de pequeños grupos dentro de las asociaciones, enfoque que valoriza las relaciones personales directas por encima de los intereses colectivos del sector”, indica el estudio.
Añade que los intereses de los grandes grupos de importadores (a favor de la apertura hacia el exterior) chocan con frecuencia contra aquellos del sector manufacturero y las industrias localizadas en las zonas francas de exportación (contra la remoción de los aranceles).
“Esta situación ha bloqueado las reformas estructurales que son clave para la competitividad del país en el largo plazo (tal como la revisión de los incentivos industriales o el desarrollo de un modelo que no esté basado en enclaves)”, señala.
