SANTO DOMINGO. El Centro de Estudios de Género (CEG) del Insituto Tecnoclógico de Santo Domingo (INTEC) demandó al Congreso Nacional aprobar en la actual legislatura «un marco legal adecuado a la problemática de la violencia contra las mujeres y a la problemática de la salud sexual y la salud reproductiva».
La coordinadora general del Centro de Estudios de Género, Lourdes Contreras, expresó que actualmente la violencia contra las mujeres sólo cuenta con la Ley 24-97, que es punitiva, cuando además se requieren políticas para la prevención de la violencia.
Contreras pidió la aprobación del proyecto de ley sobre salud sexual y salud reproductiva y la iniciativa que crea un sistema de atención integral a la violencia contra las mujeres, así como del Proyecto de Código Penal, que tiene más de diez años en discusión.
«Hasta el momento las trabas fundamentales (en el Código Penal) han estado en la conceptualización de feminicidio, por un lado, y en la interrupción de un embarazo».
En cuanto a la interrupción del embarazo, Contreras afirmó que tanto en el Código Penal como en el Proyecto de salud sexual y reproductiva buscan que se despenalice el aborto en caso de que la vida de la mujer corra peligro, cuando el embarazo es producto de una violación sexual o si el feto tiene malformaciones congénitas que pongan en riesgo la vida de la madre.
Cifras
Según el CEG, entre enero y agosto la Procuraduría General de la República registró 50 feminicidios -cometidos por parejas o exparejas-, lo que indica un aumento porque en ese mismo período de 2013 sólo hay 42casos en las estadísticas.
Además, el Centro cuestiona que la Procuraduría sólo registre como feminicidios los cometidos por parejas o exparejas y alertó que los homicidios contra las mujeres aumentaron un 29.5% entre enero y agosto, al registrarse 127 casos mientras en 2013 sólo fueron 98.
El Proyecto de ley sobre salud sexual y reproductiva fue reintroducido en la Cámara de Diputados el pasado mes por Cristian Paredes y Hugo Núñez, sus proponentes, y se encuentra en la Comisión de Salud. El otro proyecto lo estudian las comisiones de Ministerio Público y de Género de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Familia y Género del Senado, según informó el Centro de Estudios de Género.
