El juez del Tribunal Superior Electoral y exfiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, entregó ayer a la presidenta del Senado, Cristina Lizardo Mézquita, el anteproyecto de Ley de Paternidad Responsable, que beneficiaría más de 100 mil niñas y niños que nacen anualmente de madres solteras.
“Con la aprobación de nuestra propuesta, las madres solteras, que son más del 80%, lograrán a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y obligatorio el registro del padre de sus hijas o hijos en sus actas de nacimientos, y por consecuencia el cumplimiento de las obligaciones de manutención, asistencia y protección, o en su defecto que puedan ser demandados judicialmente, lo cual hoy no ocurre”, sostuvo Hernández Peguero.
Puntualizó que para lograr un fácil y efectivo acceso a la justicia, la iniciativa atribuye competencia a los 158 Juzgados de Paz ordinarios para conocer de la demanda en reconocimiento de paternidad, a diferencia de la legislación actual que otorga competencia a las 37 Salas de Niños, Niñas y Adolescentes de los Juzgados de Primera Instancia que operan en los municipios cabeceras del país.
“Conocedor de las dificultades que sufre la mujer dominicana en reclamo de sus derechos y los de sus hijos, he propuesto que los jueces de paz al decidir la paternidad, serán competentes además para estatuir en caso de declaración tardía de nacimiento, la pensión alimentaria, guarda y régimen de visitas, para así evitar que tengan que accionar ante distintos tribunales”, dijo José Manuel Hernández Peguero.
El anteproyecto también faculta al Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI) a diseñar e implementar campañas publicitarias que informen a la población acerca de su contenido, procedimiento y la gratuidad del mismo, así como el derecho que les asiste de conocer la identidad de su padre, su registro en el acta de nacimiento, la promoción de la paternidad sensible y responsable para lograr la corresponsabilidad del padre y la madre en la crianza y educación de sus hijos e hijas.
La iniciativa, vigente en más de 10 países latinoamericanos, tiene su fundamento legal en la Constitución de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, textos que consagran el derecho fundamental de hijos e hijas a conocer la identidad de sus padres y su registro en las actas de nacimientos.
