La demanda de un aumento salarial es una petición casi generalizada en el país, una propuesta a favor de la que se han pronunciado economistas, políticos, líderes gubernamentales e incluso algunos empresarios. Ahora se suman los comerciantes.
“El comercio de provisiones está pasando por su peor momento. Tenemos una parálisis en las ventas, como consecuencia de la falta de circulante”, afirmó el presidente de la Confederación del Comercio Provisiones y Pymes (Confecomercio), Gilberto Luna.
Según Luna, el escaso poder adquisitivo de los consumidores ha contraído significativamente la demanda en los colmados y demás negocios agrupados en la asociación, que en su mayoría son pequeños y medianos.
Con Luna coincidió el presidente del Consejo Dominicano de Detallistas en Provisiones (Codepro), Rafael Santos, quien cree necesario que se aplique un aumento general de salarios porque el incremento que se hizo el año pasado al sueldo mínimo ya fue absorbido por el encarecimiento de los precios.
Ambos destacaron, no obstante, que además de la disminución en las ventas, son muchos los factores que se han conjugado para frenar el crecimiento del sector y que amenazan su estabilidad. Entre ellos citaron la proliferación de la delincuencia, la exclusión de los representantes del comercio de provisiones de las entidades gubernamentales, los altos costos operacionales y las subastas públicas para la adjudicación de los contingentes arancelarios que se realizan a través de la Bolsa Agroempresarial (BARD).
Este último aspecto es uno de los que concita mayor molestia entre los comerciantes. Califican el referido proceso como monopólico, irracional, falto de transparencia y pluralidad. Alegan que con esa modalidad los pequeños negociantes no tienen ninguna oportunidad de importar los productos que escasean en el mercado local, cuyos precios, denunciaron, son manejados al antojo de unos pocos empresarios.
“Si por años, en distintos Gobiernos, nosotros habíamos tenido participación en las importaciones, por qué ahora esa conquista del sector comercio para que los productos llegaran más baratos a los consumidores se nos quita”, cuestionó Luna. El decreto 569-12 autoriza que las subastas públicas para las importaciones agropecuarias sean organizadas por la BARD, una empresa afiliada a la Junta Agroempresarial Dominicana.
