El presidente del Gobierno de Cataluña (noreste), Artur Mas, afirmó hoy que «en este momento» no está en el «escenario» de la «desobediencia civil», sino en el de pedir al Tribunal Constitucional que levante la suspensión de la consulta.
En una sesión en el Parlamento catalán, Mas subrayó que el objetivo de su gobierno es que el máximo intérprete de la Constitución española levante la suspensión cautelar sobre la consulta soberanista antes del 9 de noviembre para poder celebrarla.
El Ejecutivo catalán decidió ayer suspender la campaña institucional para la consulta de carácter soberanista que fijó para el 9 de noviembre próximo, después de que el día antes el Tribunal Constitucional admitiera a trámite el recurso presentado por el Gobierno de España contra esta iniciativa, lo que se traduce en la suspensión cautelar de la consulta.
La convocatoria de la consulta fue una promesa de CiU, partido nacionalista que gobierna en Cataluña, durante las elecciones regionales de 2012, y apoyada por otros partidos independentistas y organizaciones sociales.
El objetivo era que los ciudadanos de esa región (7,5 millones de habitantes) se pronunciaran acerca de la soberanía de su territorio y, eventualmente, de su independencia.
Mas dijo hoy ante los diputados regionales catalanes que históricamente «no siempre la desobediencia ha llevado a la victoria».
Pero a continuación afirmó que «en lo que depende de mi, este proceso se acaba votando y votando con la pregunta pactada» y se comprometió a reunir y hablar con los partidos proconsulta para tomar las decisiones «definitivas», porque las actuales que ha tomado el gobierno catalán son «cautelares».
«No rectificaré en la voluntad de que el pueblo catalán vote su futuro» mientras en el proceso haya «movilización social», «pulcritud democrática», «actitud pacifica» y unidad política, afirmó Mas.
Ayer, después de que el ejecutivo catalán suspendiera la campaña institucional para la citada consulta, miles de ciudadanos se manifestaron frente a los ayuntamientos de esa región para protestar contra la decisión del Tribunal Constitucional.
Por otro lado, hoy el Parlamento catalán aprobó la creación de la Comisión de control de las consultas populares -el organismo llamado a supervisar la consulta del 9 de noviembre-, en un tenso debate entre los partidos favorables a la consulta y los contrarios, que se negaron a votar.
Estos grupos advirtieron que este organismo desarrolla una ley que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional, lo que supone traspasar una «línea roja» y una «desobediencia clara» al Alto Tribunal.
