Santo Domingo.-La exdirectora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba, se presentó la tarde de este viernes ante la Procuraduria Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), para depositar «unos papeles» sobre su declaración jurada de bienes presentada ante la Cámara de Cuentas.
La exfuncionaria a su salida del Pepca explicó que fue citada para entregar «unos documentos» sobre su declaración de bienes al tiempo que expresó que está dispuesta a comparecer ante el organismo siempre que sea requerida.
Guaba llegó a las 2:24 minutos con su abogado Richard Martínez. Al salir de la reunión que duró alrededor de una hora, la exdirectora dijo confia en la investigación que realizan las autoridades del Ministerio Público.
Se recuerda que el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, depositó una denuncia en su contra.
Los bienes de Guaba están valorado por un monto de $105,846,241.63 pesos, de los cuales $22,143,822.35 son en moneda local y $1,626,290.32, en dólares.
Dentro de sus bienes figuran un apartamento y un local comercial valorados en $500,000.00 dólares, así como cuatro solares cuyos montos ascienden a $1,487,360 pesos.
Guaba declaró también unos $6,850,374 pesos en relojes, anillos, cadenas y guillos, cifra que si se compara con lo que declaró en este acápite en 2016, marca una diferencia de casi $3 millones de pesos.
En lujos del hogar, como juegos de sala, aposentos, comedor y repisas Guaba cuenta con $7,810,000.00 pesos.
La exfuncionaria posee además, dos vehículos: un Mercedes Benz de 2006, valorado en $250,000 pesos y una jeepeta Toyota Land Cruiser de 2011, valorada en $1,500.000.00 pesos.
Yokasta Guzmán permanece siendo interrogada
De igual forma, la exfuncionaria Yocasta Guzmán permanece siendo interrogada por el magistrado Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), sobre posibles casos de corrupción cometidos durante la presidencia de Danilo Medina.
Guzmán fue citada para responder sobre las supuestas irregularidades en procesos de compras que se hizo, a principios del estado de emergencia, en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), en la gestión de Berlinesa Franco.
