Santo Domingo.-La jueza Keila Pérez, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, se inhibió para conocer la instancia de objeción al dictamen del Ministerio Público que dispuso el archivo definitivo de los cargos a siete involucrados en el expediente de sobornos de la constructora Odebrecht, presentada por la organización civil, Alianza Ciudadana.
La inhibición se debió a que la magistrada alegó tener amistad con un excluido del caso, el exdiputado Ruddy González.
La decisión fue informada a las partes por la magistrada durante una audiencia pública virtual.
El caso será remitido a la presidencia de los juzgados de instrucción para que decida si revoca o ratifica la decisión de la jueza de inhibirse.
Los beneficiados con el archivo definitivo por parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en la pasada gestión del procurador Jean Alain Rodríguez, fueron Temístocles Montás, Julio César Valentín, Radhamés Segura, Bernardo Castellanos, César Sánchez, Máximo De Óleo y Ruddy González.
José Valdez Fernández, abogado de Máximo De Óleo, consideró que el archivo del expediente procede porque el Ministerio Público ha determinado, luego de una investigación, que no hay elementos de pruebas suficientes que vinculen a su cliente Máximo de Óleo con las acusaciones de sobornos de Odebrecht.
La jueza de todas formas fijó audiencia para el próximo 21 de diciembre.
En la actualidad, los demás imputados son: Ángel Rondón Rijo, Andrés Bautista García, Juan Tommy Galán Grullón, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez y Víctor Díaz Rúa.
El caso Odebrecht en la República Dominicana es una investigación del Ministerio Público dominicano en contra de la empresa constructora brasileña Norberto Odebrecht, conocida simplemente como Odebrecht.
Esta constructora reconoció en diciembre de 2016 ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos haber realizado coimas de dinero y sobornos, a funcionarios públicos del gobierno de 12 países, entre ellos la República Dominicana, durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas.
La modalidad de dicha audiencia será presencial y se está transmitiendo al público por todas las redes y canales de CDN-Cadena de Noticias.
En enero de 2017 el Ministerio Público procedió a allanar las oficinas de Odebrecht en el país y la multó por un monto de 184 millones de dólares, el doble de lo pagado en sobornos, tal y como lo establece la Ley 448-06 sobre Sobornos en el Comercio.
