Santo Domingo. –Pese a la investigación y el sometimiento a la justicia que anunciara la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) al procurador de corte de apelación, Narciso José Escaño Martínez por los archivos definitivos de varios imputados en el caso Odebrecht, ese funcionario no ha sido suspendido de sus funciones.
Desde la Inspectoría se informó que siguen las investigaciones y que hasta que no concluyan no se tomaría una acción en contra del funcionario del Ministerio Público, responsable de archivar los expedientes de Alfredo Pacheco, Julio César Valentín, César Sánchez, Jesús Vásquez Martínez, Temístocles Montas, Rudy González, Radhamés Segura, Bernardo Castellanos y Máximo De Oleo.
La pasada directora de Pepca, Laura Guerrero Pelletier, había informado a la Inspectoría que los referidos archivos se habían firmado de oficio, porque ella estaba de vacaciones en ese momento.
El abogado Francisco Álvarez es de opinión de que las actuales autoridades del Ministerio Público, “tanto por su ley orgánica, su reglamento y la misma Ley 41-08, sobre Función Pública, están constreñidas a investigar si existió o no infracción a la ley en la expedición de tales archivos; y perseguir a sus autores según lo que concluyeren”.
En un artículo que escribió el letrado en el periódico digital Acento, indica: “Vale recordar que, en el supuesto analizado, estaríamos ante un acto fraudulento, propio de la corrupción estatal. En este sentido, la Convención Interamericana Contra la Corrupción, artículo VI, numeral 1, señala como actos de este tipo:
c) La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero;….. e) la participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo”.
Puntualiza que el hecho no se trataría de un descuido de un Ministerio Público, incoherente y escaso conocimiento; lo sucedido se enmarcaría dentro de uno de los más deleznables actos de corrupción.
Se había informado que el procurador de corte, Escaño Martínez, notificó de los archivos a los encartados en el expediente Odebrecht un año después de producirse su firma.
