Santo Domingo. –Ramón Emilio Núñez, abogado de Víctor Díaz Rúa, dijo que las mismas conjeturas y suposiciones que observó la magistrada Miriam Germán en los inicios del proceso Odebrecht persisten en la acusación con la que se pretende adelantar un juicio público contra Víctor Díaz Rúa y los demás imputados.
«Es hora de que el Ministerio Público, en respeto a sus principios rectores, actúe con responsabilidad ante el país y descontinúe con la promoción de expectativas falsas en la sociedad dominicana», expresó.
A través de un comunicado, señaló que el Ministerio Público debe asumir una actitud crítica respecto de un proceso que se ha conducido de una manera irregular, según lo ha reconocido el propio encargado de la PEPCA, el procurador adjunto Wilson Camacho.
Un proceso irregular, mal conducido, sesgado, con actuaciones clandestinas incluso de cara al propio Ministerio Público -como es el caso de los recientes archivos definitivos hasta ahora desconocidos por dicho órgano-, no puede rendir buenos frutos.
«Insistir en este juicio, con las debilidades evidentes que presenta, sería defraudar las legítimas aspiraciones de una sociedad que reclama persecución efectiva contra los verdaderos responsables de actos que perjudican el patrimonio público en este y otros casos», precisó.
El abogado de Díaz Rúa advirtió que llegó el momento para que el Ministerio Público haga un verdadero acto de contrición.
Sostuvo que la designación al frente de dicha institución de una servidora pública con el perfil de Miriam Germán le ha brindado al Ministerio Público una oportunidad histórica que no debe desperdiciar reincidiendo en la cultura de la arbitrariedad y en el “amagar y no dar” y los fuegos de artificio que no hacen otra cosa que burlarse de la población.
Núñez enfatizó que “los miembros del Ministerio Público deben seguir el ejemplo de la magistrada Miriam Germán, quien, anteponiendo su apego al Estado de Derecho frente a las pasiones y a las tentaciones de la espectacularidad mediática, asume con todas sus consecuencias los límites constitucionales y la superioridad ética a que están sujetas las autoridades estatales en la promoción de todo proceso penal”.
