Santo Domingo.– La Coalición por un Ministerio Público Independiente, conformada por seis organizaciones de la sociedad civil, pidieron este lunes al presidente electo Luis Abinader designar al magistrado José Alejandro Vargas como procurador general de la República.
En la actualidad, Vargas se desempeña como juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
“Nos permitimos sugerir la designación del juez José Alejandro Vargas como Procurador General, por entender que reúne las condiciones de probidad, independencia, objetividad y capacidad jurídica para encabezar un ministerio público independiente y eficaz”, expresa la comunicación remitida al presidente electo.
La Coalición está integrada por el Patronato del Ministerio Público, la Asociación para el Desarrollo de la Provincia Santo Domingo, la Fundación Global Justicia Social, el Grupo Armonía y Desarrollo Nacional, la agrupación Abogados Hatomayorenses por una Nueva justicia y la organización Juristas por la Democracia.
“Aunque reconocemos que la Constitución de la República le otorga al presidente la potestad soberana de designar por libre elección al máximo representante del Ministerio Público, valoramos la disposición del presidente electo de cumplir su promesa de campaña de designar un Procurador General independiente, acogiendo el reclamo de la sociedad”, dice la misiva.
Destacan que, compartiendo la función judicial con la cátedra académica, el magistrado José Alejandro Vargas por más de 15 años ha tutelado miles de casos como Juez de la instrucción en el Distrito Nacional, “en los cuales ha demostrado sabiduría, objetividad, transparencia y sentido común mediante la estricta aplicación de la ley penal sin menoscabo del debido proceso y el respeto de los derechos fundamentales de los justiciables”
“Es por ello que entendemos que el Juez José Alejandro Vargas es la persona idónea para garantizar que en esta nueva y promisoria etapa de la vida nacional el Ministerio Público actúe con la legitimidad necesaria para lograr el anhelado fin de la impunidad en la sociedad dominicana”, concluye la propuesta.
