{"id":87651,"date":"2019-04-10T18:38:57","date_gmt":"2019-04-10T18:38:57","guid":{"rendered":"http:\/\/informativoaldia.com\/v2\/?p=87651"},"modified":"2019-04-10T18:38:57","modified_gmt":"2019-04-10T18:38:57","slug":"pc-y-entre-demandan-se-cumpla-con-el-pago-del-5-de-los-beneficios-de-la-mineria-para-los-municipios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/informativoaldia.com\/?p=87651","title":{"rendered":"PC y ENTRE demandan se cumpla con el pago del 5% de los beneficios de la miner\u00eda para los municipios"},"content":{"rendered":"

Santo Domingo<\/strong>.- El movimiento c\u00edvico no partidista, Participaci\u00f3n Ciudadana, y el Espacio Nacional para la Transparencia en la Industria Extractiva (ENTRE), afirmaron que es inconcebible que a la fecha el gobierno dominicano no aplique de manera uniforme\u00a0la disposici\u00f3n de la Ley 64-00, que en su art\u00edculo 117\u00a0establece que los municipios donde est\u00e9n ubicadas explotaciones de recursos naturales no renovables deben recibir\u00a0el cinco por ciento (5%) de los beneficios netos generados.<\/strong><\/p>\n

La afirmaci\u00f3n fue realizada durante el panel \u201cR\u00e9gimen de Participaci\u00f3n de los Municipios en los Beneficios derivados de la Miner\u00eda\u201d, que tuvo como objetivo difundir informaciones sobre las aportaciones del 5% de la industria extractiva, la relevancia econ\u00f3mica y legal, la importancia del Est\u00e1ndar de Transparencia para la Industria Extractiva (EITI) y su posible aplicaci\u00f3n respecto al ordenamiento territorial en los municipios afectados.<\/p>\n

Los panelistas fueron\u00a0Anselmo Mu\u00f1iz<\/strong>, investigador social y abogado;\u00a0Maritza Ruiz<\/strong>, economista y directora del Observatorio de Pol\u00edtica P\u00fablica de la Universidad Aut\u00f3noma de Santo Domingo (ODPP-UASD); y\u00a0Domingo Mat\u00edas<\/strong>, soci\u00f3logo, investigador socio-pol\u00edtico y experto en temas de desarrollo local y reforma de la administraci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n

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Durante la actividad, indicaron que en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la participaci\u00f3n en los beneficios generados por los planes de inversi\u00f3n y desarrollo, en particular los relativos a la exploraci\u00f3n y explotaci\u00f3n minera de sus tierras ancestrales, es un derecho extensamente reconocido, tanto a favor de las comunidades ind\u00edgenas como de los pueblos tribales, lo que es asimilable en el contexto dominicano, debido a la conexi\u00f3n intr\u00ednseca que poseen los habitantes de un lugar con su territorio, en tanto \u201cbase fundamental de su cultura, vida espiritual, integridad y sistema econ\u00f3mico\u201d.<\/p>\n

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Citaron al Convenio 169 de la Organizaci\u00f3n Internacional de Trabajo, que establece en su art\u00edculo 15 que, ante \u201ccualquier programa de prospecci\u00f3n o explotaci\u00f3n de los recursos existentes en sus tierras\u201d, \u201clos pueblos interesados deber\u00e1n participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnizaci\u00f3n equitativa por cualquier da\u00f1o que puedan sufrir como resultado de esas actividades\u201d.<\/p>\n

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\u201cNuestro pa\u00eds tiene abundancia de recursos naturales renovables y no renovables, minerales (Oro, Plata, Zinc, N\u00edquel), con un Estado compuesto de instituciones deficientes, con insuficiente regulaci\u00f3n y bajos niveles de cumplimento de la ley, por lo que se asume una alta cuota de corrupci\u00f3n. Por esto es necesario que en nuestro pa\u00eds se impulsen iniciativas para procurar y demandar transparencia en este sector tan fundamental para la econom\u00eda\u201d, expres\u00f3 Heiromy Castro, coordinador general de PC.<\/p>\n

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Se\u00f1al\u00f3 que\u00a0la participaci\u00f3n de la ciudadan\u00eda promoviendo y exigiendo la transparencia en esta industria, permitir\u00e1 incrementar la auditor\u00eda social, construir di\u00e1logos entre el Estado, la empresa y la ciudadan\u00eda, sobre la base de la demanda y an\u00e1lisis de informaci\u00f3n completa y veraz.<\/p>\n

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En su intervenci\u00f3n, el investigador social y abogado, Anselmo Mu\u00f1iz, indic\u00f3 que no existe ninguna transparencia sobre cu\u00e1les son los beneficios derivados de la empresa explotadora, a\u00f1adiendo que lo que se acuerde entre la empresa y el Estado tiene efectos relativos y que los municipios si tienen la facultad de exigir directamente a la empresa o al Estado el pago.<\/p>\n

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Por su parte, la directora\u00a0del Observatorio de Pol\u00edtica P\u00fablica de la Universidad Aut\u00f3noma de Santo Domingo (ODPP-UASD), Maritza Ruiz, manifest\u00f3 que \u00abel Estado debe regular el pago de las empresas mineras sobre la base de las ganancias obtenidas. Si la sociedad civil no se empodera y las comunidades no se movilizan, los recursos de las empresas mineras se van a diluir\u00bb.<\/p>\n

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El soci\u00f3logo Domingo Mat\u00edas, explic\u00f3 que no es lo mismo transferir recursos de las empresas mineras a municipios que a ayuntamientos, indicando que los recursos est\u00e1n muy centralizados y que el clientelismo pol\u00edtico se adue\u00f1a de ellos.<\/p>\n

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El evento, realizado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Programa Rep\u00fablica Dominicana (FLACSO RD), cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de m\u00e1s de 30 personas pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil y p\u00fablico general.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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