SANTO DOMINGO. La jueza de la Cuarta Sala de la C\u00e1mara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Awilda Reyes Beltr\u00e9, orden\u00f3 la entrega de US$20.8 millones a la sociedad Prado Universal Corp., compa\u00f1\u00eda constructora de la Torre Atiemar y cuyo presidente es el espa\u00f1ol Arturo del Tiempo Marqu\u00e9z, quien fue condenado en Valencia a siete a\u00f1os de prisi\u00f3n por narcotr\u00e1fico internacional.<\/p>\n
La disposici\u00f3n fue emitida en contra del Procurador General de la Rep\u00fablica, Francisco Dom\u00ednguez Brito, la Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, el Banco de Reservas y el Ministerio de Hacienda.<\/p>\n
La magistrada impone el pago de un astreinte de RD$1 mill\u00f3n diarios por cada d\u00eda de retardo en el cumplimiento de la sentencia. Acogi\u00f3 una acci\u00f3n de amparo manifestando haberse comprobado que los valores constituyen la diferencia del total de la acreencia del Banco de Reservas sobre el valor total del inmueble Torre Atiemar, no han sido depositados a la cuenta aperturada para tales fines, a nombre de la Procuradur\u00eda Fiscal del Distrito Nacional.<\/p>\n
\u201cPor lo tanto, con dicho acto ha vulnerado su derecho de propiedad, a la libre empresa y al debido proceso de ley y en consecuencia ordena el restablecimiento de dichos derechos fundamentales conculcados\u201d.<\/p>\n
La acci\u00f3n de amparo fue interpuesta por Prado Universal Corp., sociedad comercial constituida en Panam\u00e1, representada por su administrador general, Jorge Postigo Silva, por intermedio de sus abogado Manuel Olivero Rodr\u00edguez y Ren\u00e9 del Rosario.<\/p>\n
Sostienen que Banreservas result\u00f3 adjudicatario de los 36 apartamentos por la suma de US$34 millones, m\u00e1s US$145,884.15 por concepto de honorarios de los abogados.<\/p>\n
Asimismo, entienden que tanto el mandamiento de pago que establec\u00eda el monto y el pliego de condiciones de la deuda de RD$551 millones, equivalentes en ese momento al monto de US$14.3 millones, dej\u00f3 un excedente de US$20.8 millones.<\/p>\n
La jueza plantea que el secuestro de la Torre Atiemar, en marzo del 2011, fue levantado a los fines de que Banreservas realizara embargo inmobiliario en virtud de la hipoteca en primer rango que ten\u00eda el inmueble.<\/p>\n
Agrega que como resultado del proceso inmobiliario result\u00f3 adjudicatario del inmueble la instituci\u00f3n bancaria, procediendo en presunta ejecuci\u00f3n del secuestro de los bienes a constituirse en depositario de los valores resultantes por el excedente de la venta, que asciende a US$20,802,799.37.<\/p>\n
Sostiene que el 18 de abril del 2012, el Juzgado Coordinador de la Instrucci\u00f3n del Distrito rechaz\u00f3 el levantamiento del secuestro de los excedentes producto de la venta en p\u00fablica subasta del inmueble propiedad de Prado Universal Corp.<\/p>\n
Especifica que mediante sentencia No.123\/2012, la Primera Sala de la C\u00e1mara Penal de la Corte de Apelaci\u00f3n revoc\u00f3 la decisi\u00f3n y acogi\u00f3 la solicitud de levantamiento del secuestro que pesaba sobre el producto de la venta de la Torre Atiemar. La jueza entiende que Banreservas y la Fiscal\u00eda se niegan a la entrega de ese excedente, ya que no fue un hecho controvertido la adjudicaci\u00f3n de la propiedad, as\u00ed como tampoco que el producto de la venta exced\u00eda la acreencia que ten\u00eda el banco.<\/p>\n
Manifiesta que en el caso de la especie ha determinado que contrario a lo externado por Banrservas, no se trata de la solicitud de una simple ejecuci\u00f3n de una decisi\u00f3n jurisdiccional, ni de un mero cobro de pesos, sino m\u00e1s bien de la verificaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n de un derecho constitucional que ha sido reconocido, tutelado por las v\u00edas ordinarias que la ley pone a disposici\u00f3n de las partes y que \u00e9stas no han resultado ser eficaces para lograr la protecci\u00f3n de derechos conculcados.<\/p>\n
Entiende que no existe justificaci\u00f3n con sustento legal o constitucional para mantener la negativa ante la devoluci\u00f3n del dinero que result\u00f3 excedente del proceso de adjudicaci\u00f3n.<\/p>\n
Dice que una vez verificada la conculcaci\u00f3n procede acoger la acci\u00f3n de amparo y ordenar la restauraci\u00f3n de los derechos lesionados por los impetrados.<\/p>\n
Los problemas de Del Tiempo se remontan a finales de 2009, cuando en el puerto de Caucedo se incautaron 935 kilos de coca\u00edna ocultos en un contenedor de piezas de granitos destinadas a Valencia.<\/p>\n
Cuatro a\u00f1os m\u00e1s tarde, en cuyo puerto trabajaba el agente de aduanas Antonio N\u00fa\u00f1ez Cebri\u00e1, apoderado en la empresa de Del Tiempo, fue incautado en Valencia un cargamento de 1,200 kilos de coca\u00edna. El barco en el que viajaba la droga fue vigilado por la Guardia Civil, que el 2 de marzo sigui\u00f3 el contenedor que desde Valencia se trasladaba a las afueras de Barcelona.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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