Santo Domingo.-El Estado dominicano detall\u00f3 este jueves c\u00f3mo se realiz\u00f3 el alegado fraude con los terrenos de Bah\u00eda de las \u00c1guilas, en Pedernales, y pidieron la anulaci\u00f3n de los t\u00edtulos y cartas constancias emitidos esos inmuebles.
\nAl hacer la exposici\u00f3n de la demanda, Laura Acosta, hablando en representaci\u00f3n del Estado, relat\u00f3 que el origen del derecho del Estado dominicano en la parcela 215A se desprende de una decisi\u00f3n del Tribunal de Tierras del a\u00f1o 1953 y el certificado de t\u00edtulo n\u00famero 28 emitido a favor del Estado dominicano, que le da el derecho de propiedad sobre este inmueble luego de haber sido subdividida en 215A y 215B.<\/p>\n
Este t\u00edtulo del Estado, indica, es sobre 363 millones de metros cuadrados y sobre le mismo no se ha hecho ninguna rebaja.<\/p>\n
Al hacer la exposici\u00f3n de la demanda, Laura Acosta, hablando en representaci\u00f3n del Estado relat\u00f3, explic\u00f3 que el inicio del fraude que fue descubierto en los archivos del Instituto Agrario Dominicano (IAD) y en Bienes Nacionales data de 1990 cuando se emitieron sendos oficios estableciendo la propiedad de algunas porciones de terrenos, hoy reclamadas, sobre la base de oficios del IAD que ordenaban sus transferencia, aun cuando el t\u00edtulo de la parcela no se encontraba a nombre de esta entidad.<\/p>\n
Estos oficios, precisa, que van desde el 7750 hasta 7762 \u201cen realidad corresponden a otros asuntos que no tienen que ver con asentamientos agrarios o transferencias de propiedad\u201d.<\/p>\n
\u201cPor ejemplo el oficio 7753 corresponde a un oficio dirigido al Joaqu\u00edn Balaguer, expresidente de la Rep\u00fablica, d\u00e1ndole el p\u00e9same con motivo a la muerte de su cu\u00f1ado Mario Vallejo, es decir, que le t\u00edtulo de propiedad que pretenden hacer reconocer se sustenta la transferencia en ese oficio que no es m\u00e1s que un p\u00e9same, as\u00ed ocurre tambi\u00e9n con los dem\u00e1s\u201d, explic\u00f3 Acosta.<\/p>\n
Afirm\u00f3 que esta pr\u00e1ctica sigui\u00f3 se mantuvo desde 1990 hasta el 1995. \u201cComo se dieron cuenta los defraudadores del Estado que pod\u00edan transferir derecho de propiedad f\u00e1cilmente, en componenda con funcionarios p\u00fablicos, decidieron que no se ibas a coger 50 o 100 tareas, sino que se ibas a apropiar de 400 millones de metros cuadrados\u201d, dijo.<\/p>\n
Para poder realizar esto, explica Acosta, el entonces director de IAD, Jaime Rodr\u00edguez Guzm\u00e1n, alegadamente expidi\u00f3 en diciembre de 1995 el oficio 10790, en el cual establece la necesidad de que se le transfiera al IAD la parcela 215A, ya que, entre otras cosas, existe all\u00ed un \u201cimportante asentamiento de reforma agraria\u201d.<\/p>\n
Precisa que se cu\u00e1ndo se remiti\u00f3 esta petici\u00f3n se envi\u00f3 con el sello del registro de t\u00edtulo puesto, \u201cy se equivocaron y pusieron uno que dec\u00eda registro de t\u00edtulo de Santo Domingo, que en esa \u00e9poca no exist\u00eda\u201d. Contin\u00faa diciendo que al darse cuenta del error, el 5 de febrero de 1996 emiten el oficio 433 enviado a Carlos Eligio L\u00ednares, entonces director de Bienes Nacionales desde el IAD solicitando la transferencia del terreno.<\/p>\n
En respuesta a esa comunicaci\u00f3n, indica, Linares obtemper\u00f3 y remiti\u00f3 un oficio solicitando al registrado de t\u00edtulo de Barahona la transferencia de dicho derecho de propiedad y el 6 de febrero, d\u00eda del oficio de Bienes Nacionales, fue inscrito en el libro 1547 filio 387 del libro de inscripciones n\u00famero 6 del Registro de T\u00edtulo de Barahona.<\/p>\n
\u201cEs decir que en menos de 24 horas, dos funcionario p\u00fablicos emitieron dos oficios, los enviaron a Barahona, lleg\u00f3 a Barahona el mismo d\u00eda y a las ocho y media de la ma\u00f1ana del mismo d\u00eda del oficio fue transferido el derecho de propiedad, si eso no es un fraude que venga Dios y lo vea\u201d, sostuvo.<\/p>\n
Explic\u00f3 tambi\u00e9n, que una vez transferidos esos derecho se trat\u00f3 de una componenda que no solo inclu\u00eda a Rodr\u00edguez Guzm\u00e1n, El\u00edgio Linares, Luis Ramirez Suberb\u00ed, registrado de t\u00edtulos de Barahora, sino que tambi\u00e9n se encontraban en esa componenda los alegados terceros, muchos hoy reclamantes.<\/p>\n
Sostuvo que del 5 de febrero de 1996 al 10 de febrero, el Estado dominicano transfiera al IAD los terrenos de bah\u00eda de las \u00c1guilas, esta entidad crea un asentamiento agrario con m\u00e1s de mil 500 persona, emite los t\u00edtulos a esas personas y luego esas mil 500 personas le venden a los adquirientes de buena fe que est\u00e1n aqu\u00ed. Sobre los terrenos, expresa, se realizan transferencias a pesar de tener dos oposiciones.<\/p>\n
Es en 1997 que se destapa el esc\u00e1ndalo, y es cuando, explica Acosta, la procuradur\u00eda busca en los archivos de la Junta Central Electoral para saber los nombres de las personas que fueron asignadas las parcelas, y encuentra que los alegados campesinos asentados no son m\u00e1s que los nombres en orden alfab\u00e9tico en el padr\u00f3n electoral de las provincia de Pedernales y Barahona.<\/p>\n
Posteriormente, indica, se inici\u00f3 un proceso penal en 1997 contra de Jaime Rodr\u00edguez y dem\u00e1s personas que sirvieron para cometer el alegado fraude. La providencia calificativa del expediente fue dictada en 2003 por la hoy jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Esther \u00c1gelan Casasnovas, para la saz\u00f3n, jueza del Segundo Juzgado de la Instrucci\u00f3n del DN.<\/p>\n
En esa sentencia, dice Acosta, algunos de los imputados quedaron en libertad por no existir indicios que comprometieran su responsabilidad penal.<\/p>\n
Devuelven y reclaman<\/p>\n
Hay dos reclamantes, dice Acosta, aqu\u00ed en esta sala que son Puro Pichardo Fern\u00e1ndez y Miguel Nelson Fern\u00e1ndez que junto a otros imputados fueron descargados en el proceso penal porque, entre otras cosas, devolvieron voluntariamente los terrenos adquiridos, cuyos t\u00edtulos reposan en el expediente.<\/p>\n
Dijo adem\u00e1s que Pichardo deposit\u00f3 el pasado 9 de junio de 1998 un acto de entrega de los t\u00edtulos para el proceso penal entregando el t\u00edtulo y autorizando su cancelaci\u00f3n para que los terrenos pasasen al Estado.<\/p>\n
Manifest\u00f3 adem\u00e1s el noviembre de 1997 con firma suscrita por Jos\u00e9 Altagracia Marrero Novas, que adem\u00e1s de estar representado ha venido a las audiencias, devolvi\u00f3 un total de 88 t\u00edtulos de propiedad (cartas constancias), de diferentes personas, muchas de las cuales, precisa, hoy reclaman las tierras.<\/p>\n
Dice Acosta de manera ir\u00f3nica que Jaime Rodr\u00edguez iba beneficiar a campesiones para sembrar guas\u00e1bara y cabr\u00f3n, y criar\u00e1n iguanas en esas playas de Bah\u00eda.<\/p>\n
Dada la cantidad de personas que ten\u00edan terrenos adjudicados, muchas de las cuales se enteraron cuando vieron su nombre en la lista, se cre\u00f3 un formulario para las personas que aparec\u00edan con terrenos adjudicados sin tener conocimiento. Indic\u00f3 que muchas de esas personas que establecieron en esos documentos no tener nada, hoy est\u00e1n representados y reclaman terrenos en Bah\u00eda.<\/p>\n
Revel\u00f3 que se inventariaron mil 491 t\u00edtulos algunos sin firma y otros sin sellos de registrador. Agreg\u00f3 que en cuatro d\u00edas, intentaron despojar de los terrenos al Estado a trav\u00e9s de oficios del IAD, enviados a Bienes Nacionales, de ah\u00ed se lo adjudican a los campesinos y de estos a los terceros adquirientes.<\/p>\n
Aleg\u00f3 que la ley de reforma agraria establece que no se puede transferir los terrenos de reforma agraria que queda grabado como un bien de familia. \u201cEs imposible que de forma regular se hicieran las transferencias\u201d<\/p>\n
En 2003, fue descargado por la magistrada Esther Agelan Casasnovas siendo jueza del segundo juzgado. Puro Pichardo luego de ser descargado en materia penal ahora est\u00e1 reclamando terrenos. Devolvieron t\u00edtulos alegando que no ten\u00edan mala fe.<\/p>\n
Que no le despojen a este pa\u00eds de un 1% de su territorio. Es personal de cada uno de los dominicanos que son propietarias de bah\u00edas de las \u00e1guilas.<\/p>\n
El abogado del Estado Ferm\u00edn Casilla Minaya concluy\u00f3 diciendo que se declaren nulas las transferencias, operaciones inmobiliarias, deslindes, subdivisiones, refundiciones y cualquier operaci\u00f3n de transacci\u00f3n en perjuicio de los terrenos \u201cpropiedad\u201d del Estado, la cancelaci\u00f3n de todas las constancias de ventas anotadas, as\u00ed como todas las hipotecas, contratos de arredramientos, de cuota lites y cualquier otro contrato.<\/p>\n
Lo env\u00edan a juicio<\/p>\n
Tras emitir sus conclusiones en nombre de Puro Pichardo, el abogado Valerio Fabi\u00e1n Romero, pretend\u00eda dar calidades por unos intervinientes voluntarios en el proceso, esto provoc\u00f3 que la jueza pusiera en duda su integridad profesional, y tras reclamarle por lo ocurrido le envi\u00f3 por ante el Colegio de Abogados, para que sea procesado por faltar al C\u00f3digo de \u00c9tica.<\/p>\n
Se defienden<\/p>\n
Seis de los abogados de la parte demandada emitieron sus conclusiones pidiendo que se rechazara la demanda del Estado dominicano. Rufino Oliver, representante de la empresa tur\u00edstica \u00c1guilas Dominicana Internacional asegur\u00f3 que sus clientes eran compradores de buena fe y critic\u00f3 que el Estado incentiva a extranjeros a comprar e invertir aqu\u00ed para cuando llegan, como es el caso de su cliente croata, se encuentra con la inseguridad jur\u00eddica que atenta contra sus recursos.<\/p>\n
Ma\u00f1ana hay audiencia<\/p>\n
Los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dar\u00e1n a conocer hoy si extingue el proceso penal de Bah\u00eda de las \u00c1guilas en el que son procesados el exdirector de IAD, Jaime Rodr\u00edguez, su esposa y su hermano, o si por el contrario conoce el juicio de fondo en su contra. La lectura de la sentencia est\u00e1 pautada para las 11:00 de la ma\u00f1ana.<\/p>\n
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