Santo Domingo.-La Comisión de Administración de Deuda y Activos Financieros de la Cámara de Diputados, que estudia el proyecto de ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, reiteró el llamado al Banco Central y al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para que presenten su opinión en torno a la pieza.
Asimismo, exhortó al Ministerio de Hacienda y a su departamento de Crédito Público a pronunciarse sobre la legislación, que tiene como objetivo establecer las reglas y condiciones para el logro de una prudente, responsable y transparente gestión financiera del Estado.
Levis Suriel, quien preside la Comisión que estudia el proyecto, de la autoría de José Francisco Santana Suriel, también extendió el llamado al Ministerio de Industria y Comercio, a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas.
La pieza busca, además, establecer la estructura institucional encargada de la aplicación y supervisión del régimen de responsabilidad y transparencia fiscal, así como el sistema de consecuencias que se deriva de su inobservancia, violación y aplicación.
Esta ley es aplicable al Gobierno, las instituciones descentralizadas y autónomas financieras o no, incluyendo el Banco Central, las de seguridad social, las empresas públicas no financieras y los ayuntamientos.
La misma establece sanciones por infracciones graves como amonestación pública o suspensión del cargo sin disfrute de sueldo, desde seis meses a dos años.
Por violaciones muy graves esta ley contempla la destitución del cargo y la inhabilitación por un período de hasta cinco años.
En algunos de sus considerandos, el proyecto de ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal señala que es necesario que el Estado dominicano adopte reglas explícitas en lo que tiene que ver con esta materia.
Indica que el gasto del Gobierno ha experimentado un incremento sostenido durante los últimos años de un 848% entre diciembre del 2000 al mismo mes del 2012.
También precisa que desde el 2001 a la fecha se han registrado déficit fiscales del sector público no financiero todos los años, promediando 54 mil 297.7 millones de pesos, durante el periodo 2008-2011, sólo con excepción del 2007, según el Banco Central.
