INFORMATIVO AL DIA.-El uso de inteligencia artificial en las instituciones del Estado dominicano tendrá un nuevo marco regulatorio. El Ministerio de Administración Pública (MAP) anunció que durante 2027 elaborará un reglamento general para establecer cómo deberán implementarse estas tecnologías, quiénes serán responsables de su utilización y qué mecanismos protegerán los derechos de los ciudadanos.
La iniciativa surge en medio de la creciente incorporación de herramientas digitales en los servicios públicos y de los riesgos asociados al manejo de datos personales, las decisiones automatizadas y la posible discriminación mediante sistemas de inteligencia artificial.
El reglamento será preparado por el MAP y posteriormente sometido al Poder Ejecutivo para su aprobación mediante decreto. Sin embargo, la institución no precisó una fecha para su presentación ni cuándo entrarían en vigor las nuevas disposiciones.
Entre los aspectos que deberá abordar figuran la gestión de riesgos, la transparencia en el funcionamiento de los sistemas, la distribución de responsabilidades institucionales y las garantías para evitar que el uso de estas tecnologías afecte derechos fundamentales.
El anuncio da continuidad al Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, aprobado mediante el Decreto 787-26, que contempla principios relacionados con la protección de datos personales, la no discriminación, el debido proceso y la supervisión humana.
Esta última disposición cobra importancia ante la posibilidad de que las instituciones utilicen sistemas automatizados para procesar solicitudes, evaluar expedientes o intervenir en decisiones relacionadas con servicios y beneficios públicos.
Según lo informado, el código también contempla evaluaciones de impacto para aquellos sistemas de inteligencia artificial que puedan afectar significativamente derechos fundamentales o el acceso de las personas a servicios esenciales.
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, explicó que el objetivo es incorporar estas herramientas a la gestión estatal sin comprometer las garantías de los ciudadanos.
Para ello, indicó que el ministerio trabaja en cinco áreas: intercambio de datos entre instituciones, digitalización de trámites, infraestructura pública digital, coordinación de inversiones tecnológicas y capacitación de los servidores públicos.
Intercambio de datos y menos documentos para los ciudadanos
Como parte de este proceso, el Gobierno ha aprobado varias disposiciones relacionadas con la transformación digital.
Entre ellas figura el Decreto 403-26, que establece el Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos, mediante el cual se busca facilitar el intercambio seguro de información entre instituciones y reducir la cantidad de documentos que los ciudadanos deben presentar al realizar trámites.
También se encuentra el Decreto 384-26, correspondiente a la Estrategia Nacional de Servicios Proactivos, que plantea que las instituciones puedan identificar determinadas necesidades de los ciudadanos y facilitar su acceso a servicios y beneficios públicos.
A estas medidas se suma el Decreto 714-26, dirigido a coordinar las inversiones en infraestructura tecnológica del Estado y evitar la duplicación de sistemas y gastos.
No obstante, la aplicación de estas disposiciones dependerá de la capacidad de las instituciones para compartir información de manera segura, adaptar sus sistemas y garantizar la protección de los datos que administran.
Servidores públicos deberán prepararse para utilizar inteligencia artificial
Otro de los desafíos identificados por el MAP es la formación de los empleados estatales, quienes deberán desarrollar competencias para utilizar herramientas de inteligencia artificial, manejar información digital y comprender los riesgos asociados a estas tecnologías.
Con ese propósito, la institución trabaja en un Marco de Competencias Digitales para Servidores Públicos, junto al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El proceso incluye, además, una evaluación de las condiciones del país para incorporar inteligencia artificial en el sector público, desarrollada con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Esta evaluación, cuya misión técnica se realizó en marzo de 2026, examina aspectos como infraestructura tecnológica, disponibilidad de datos, personal especializado y capacidades institucionales.
Sus resultados servirán de referencia para la elaboración del reglamento anunciado para 2027.
Por ahora, el principal desafío será pasar de los principios establecidos en los decretos a mecanismos concretos de vigilancia, responsabilidad y protección ciudadana, especialmente cuando una decisión apoyada en inteligencia artificial pueda afectar el acceso a un servicio público o el ejercicio de un derecho.
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